Cada vez es más difícil no incurrir en faltas o por aparcamiento o por tráfico. Las prohibiciones de todo tipo ahogan al ciudadano aunque este sea consciente de la necesidad de establecer cada vez controles más minuciosos, con el fin loable de mantener un orden necesario.

Pero dudo si la excesiva presión fiscal y coactiva de las administraciones púbicas tiene fines benefactores para el ciudadano o este es cada vez más una víctima de los poderes públicos. Con la crisis se han acentuado las multas y estas se imponen con menos garantías para los derechos de la persona. Es ya muy difícil no encontrarse indefenso ante la todopoderosa administración, sea esta municipal, autonómica o central. El llamado estado de bienestar empieza a ser lo contrario.

¿El ciudadano deberá defenderse de los abusos del poder?

Mi persona, tradicionalmente observadora del Derecho, hace años que empezó a dudar de la consistencia y justeza de la importante institución, base de la convivencia social. Cada vez la indefensión es mayor, la norma menos justificable y los derechos de antes se están transformando en un exagerado aumento de obligaciones.

El tráfico en Madrid es complicado, calles prohibidas, parquímetros injustificados, las denuncias promovidas por agentes sin la cualificación necesaria para denunciar, amparados en retorcidas y dudosas piruetas jurídicas de ninguna legitimidad, que solo tienen el fin de aumentar la recaudación. Se han elevado las cuantías, y lo que era una simple falta leve se ha transformado en grave, por interés del Poder para que la cantidad de la exacción o multa sea mayor. No hay excepciones razonables, ni causas justificadas.

El ayuntamiento de Madrid hace ya muchos años, y ahora más que nunca, no escucha al ciudadano no dando trámite a los pertinentes recursos interpuestos, despreciando el mismo derecho que trata de imponer. No hay una multa bien puesta aunque el ciudadano haya cometido la infracción, el agente actuante, sea gubernativo, regional o municipal, suele incumplir las garantías ciudadanas que las distintas normativas preceptúan, abandonándole en su manifiesta indefensión. Todo son imposiciones y normas limitativas de la libertad personal.

Por otro lado Hacienda aplica la ley y demás normativa tal y como favorece a sus intereses. Solo importa el interés del Poder Público en detrimento de las garantías del administrado.

¿Es así como ha evolucionado la Democracia que ofrecía garantías, derechos y libertades?

Ni en las montañas el hombre es libre. Todas las sierras y montañas de España han establecido limitaciones, en muchos casos contrarias al derecho común, a la misma Constitución y al buen sentido: no se puede llevar esquís en muchas zonas nevadas, no se puede escalar en otras, la prohibición inexplicable de vuelos en parapente está en todos los parques naturales regionales y no digamos nacionales. Se prohíbe, se multa y nunca hay presupuestos adecuados con fines de fomento para desarrollar la formación, despertar la sensibilidad y la educación por la naturaleza.

Nunca hemos estado más próximos a la situación que en su obra “1984” relató Orwell, denunciando como el “todo poderoso Estado” es absoluto controlador de la vida, haciendo imposible el ejercicio del libre albedrio de sus súbditos.

Hoy solo somos consumidores de tantos productos innecesarios que genera la sociedad capitalista de nuestros días. Y el ciudadano solo es, por encima de su humana condición, ese número identificativo, registrado y controlado en cada uno de sus pasos por la informática.

Dejaré para días más alegres, otros comentarios sobre estos temas preocupantes.